El Ararteko pide protocolos de actuación para los asentamientos gitanos
Solicita que se garantice el acceso a los derechos sociales de los gitanos y a la inviolabilidad del domicilio
Vitoria - EFE - 12/10/2011
El Ararteko, Íñigo Lamarca, ha pedido a las instituciones vascas que elaboren protocolos de actuación para intervenir en los asentamientos de gitanos comunitarios que hay en Euskadi, ya que éste no es un problema que afecte "únicamente a la Policía" que interviene en su desalojo.
Lamarca ha dado hoy a conocer en un comunicado esta recomendación que ha dirigido al Gobierno Vasco, a las tres diputaciones forales y a los ayuntamientos.
El Ararteko pide que el Departamento vasco de Asuntos Sociales coordine la elaboración de un protocolo, en el marco de una mesa interinstitucional, en el que se garantice el acceso a los derechos sociales de los gitanos y a la inviolabilidad del domicilio.
Lamarca recuerda que durante los últimos años ha recibido quejas tanto por la situación que viven los gitanos y su falta de acceso a las necesidades básicas, como por parte de vecinos que alegaban inseguridad y deterioro de las condiciones higiénico-sanitarias.
Ha recordado que se han detectado asentamientos de gitanos rumanos, búlgaros o húngaros en municipios vizcaínos como Portugalete, Ortuella, Gernika-Lumo, Zaldibar, y online casino en las localidades guipuzcoanas online casino de Astigarraga, San Sebastián, Hernani, Andoain, Tolosa, Urnieta, Errenteria, Irun, Hondarribia, Azkoitia, Eibar, Azpeitia y Zarautz.
En ellos, según Lamarca, los gitanos viven en muchos casos en "edificios abandonados por sus propietarios que tuvieron un casino online uso industrial y que no cuentan con agua corriente ni luz eléctrica".
También precisa que la mayoría de estas personas no están inscritas en el padrón ni reciben protección social a pesar de su situación de necesidad, y sobreviven por las ayudas de entidades humanitarias y por la práctica de la mendicidad.
El Ararteko subraya que la Unión Europea ha previsto medidas de inclusión social para los gitanos de origen comunitario y ha destinado fondos, a los que pueden recurrir las administraciones vascas para abordar este problema.
Por ello, reclama que se diseñe un protocolo de intervención porque "no se trata de un problema de uso de espacio público o de desalojo por la ocupación de un bien inmueble de propiedad privada" que sea competencia únicamente de la Policía, "sino de la vida de personas que son titulares de derechos y obligaciones y se encuentran en situación de vulnerabilidad".
Advierte además de que "la entrada en un domicilio requiere del consentimiento del titular aunque sea una infravivienda", salvo en el caso de que exista flagrante delito", o bien es preciso una resolución judicial que autorice el desalojo.
Pero recalca que la expulsión de la zona que ocupan "no puede ser la única medida que se aplique por los poderes públicos sino el respeto a los derechos humanos, y especialmente el derecho a tener una vida digna".
Fuente: EFE/ABC
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