Europa

Tras dos semanas de un conflicto muy público y vehemente con Francia, la comisaria de Justicia, Viviane Reding, defenderá esta mañana frente a sus colegas los argumentos legales para perseguir al Gobierno Sarkozy por discriminar a los gitanos con expulsiones masivas. El expediente debe ser aprobado por mayoría en la Comisión en una decisión que, por una vez, no será de trámite.

Excepcionalmente, el expediente incluso se ha sacado del paquete habitual de la cincuentena de procedimientos de infracción que se aprobarán mañana por escrito y sin discusión. El debate será difícil políticamente dada la ruidosa defensa que han hecho del caso Reding y Nicolas Sarkozy, cuya pelea protagonizó el último Consejo Europeo. El presidente de Francia se desahogó con el de la Comisión Europea en lo que el premier búlgaro describió como "una escandalera".

Reding y otros dos comisarios, la sueca de Interior y el húngaro de Asuntos Sociales, argumentarán que Francia viola por partida doble una directiva comunitaria de 2004 sobre la libre circulación: discrimina a una comunidad al señalar a los gitanos como objetivo policial -según una circular del Ministerio de Interior francés del 5 de agosto- y no ha convertido adecuadamente en legislación nacional la comunitaria.

La primera acusación es la más grave, políticamente dañina para Francia y legalmente complicada. Según fuentes europeas, Reding argumentará que la retirada en septiembre de la circular por parte del Gobierno Sarkozy, que la considera ahora un error, no disminuyó "sus efectos" y sigue siendo prueba de una discriminación.

Los fallos al adaptar la legislación europea no sólo afectan a Francia, sino que Reding propone expedientar a tres países más, entre los que no está España, que es uno de los miembros de la UE que mejor respeta la libre circulación de trabajadores e incluso ofrece más protección en caso de expulsión que el mínimo obligado. La Comisión se queja de que Francia, en cambio, no cumple con las garantías procesales para gestionar una expulsión de un ciudadano comunitario de otro país de la UE, una circunstancia "muy grave". El Estado, según la directiva europea, está obligado a examinar la relación del afectado con el país y a darle un mes para marcharse. Francia asegura que cumple estos requisitos, aunque no estén en su legislación nacional.

Tras la votación en la Comisión, Reding explicará el expediente en un nuevo debate en la comisión de Libertades del Parlamento Europeo. La comisaria conservadora (del Partido Popular Europeo, como Sarkozy) está decidida a llevar el caso hasta el Tribunal de Justicia de la UE, que podría multar a Francia. El proceso tardará años, pero las consecuencias del expediente serán, sobre todo, políticas.

Fuente: El Mundo.es

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